Como ya es sabido, la Plataforma para la Defensa de los Servicios Públicos y Sociales de Cuenca se opone a la privatización de la gestión del ciclo integral del agua que pretende realizar el Ayuntamiento de Cuenca. Encabezado por el alcalde Juan Ávila del PSOE, el Ayuntamiento pretende cambiar la gestión municipal del agua con el único fin de utilizar los derechos del agua de los próximos 25 años como aval para conseguir trasladar la insostenible deuda del consistorio a la próxima legislatura. Para ello, a pesar de que ya pagamos a un equipo de asesores, se ha encargado un informe a la multinacional Pricewaterhousecooper que nos ha costado 21.000 euros de las arcas públicas.
Pero, ¿qué supone y en qué consiste el cambio en la gestión de nuestra agua?
El abastecimiento del agua, que hasta ahora se regulaba en base al derecho administrativo, que es la rama del derecho público encargada del buen funcionamiento de los servicios públicos, con este cambio se regirá a partir del derecho mercantil, o la rama del derecho privado que regula el ejercicio del comercio.
El abastecimiento de nuestra agua dejará de sostenerse por medio de tasas, que es un tributo cuyo hecho imponible consiste en el aprovechamiento especial del dominio público, y será cobrado mediante un precio privado, que es un pago a la obtención de una mercancía cualquiera.
El abastecimiento del agua se convertirá en aval para un préstamo.
Por estos motivos, decimos que este cambio en la gestión del agua supone la mercantilización de un bien necesario para la vida. Se quiere convertir el agua en mercancía para que sea explotada por una empresa pública en régimen de monopolio y con una gestión privada. En otras palabras, estamos ante un caso de privatización encubierta enteramente ilegítima, pues además de que el proyecto no aparece en el programa electoral que el PSOE presentó a la ciudadanía, ningún representante político tiene derecho a convertir en mercancía un bien común como es el agua.
Pero, ¿qué objetivos o razones fundamentan este cambio en la gestión de nuestra agua?
La única motivación real que mueve al alcalde para acometer este proyecto es obtener financiación a través de créditos bancarios utilizando el agua como aval. Así, mediante un proceso de “ingeniería contable”, se pretende reducir la deuda municipal gracias a un adelanto del canon.
En la práctica, nos encontramos ante otro caso de una política supeditada al poder financiero, a la banca, con un gobierno municipal que engaña a la ciudadanía escondiendo sus intenciones en la campaña y programa electoral, para luego acometer desde el poder las políticas que quieren los bancos y en perjuicio de la ciudadanía a la que deberían representar. En este caso, están dispuestos a que un bien común y de primera necesidad pase a ser el aval para un préstamo que haga frente a una deuda ilegítima de la que la ciudadanía no es responsable, hipotecando así nuestro presente y nuestro futuro.
¿Hay alternativas?
No se trata de encontrar alternativas al uso del agua como un aval para poder pagar la deuda financiera del Ayuntamiento.
La única alternativa al colapso financiero, reconocido por ellos mismos, es una auditoría ciudadana que estudie a fondo la deuda municipal con total transparencia, poniendo especial atención en discernir la que es legítima y la que no y señalando a sus responsables. La deuda ilegítima no se debe pagar.
La deuda legítima, si la hubiese, debería amortizarse mediante impuestos progresivos que exijan más a quien más tiene o más se ha beneficiado de dicha deuda sin contribuir tradicionalmente al sostenimiento de lo público, empezando por bancos, constructoras o el IBI de los inmuebles eclesiásticos.
Es inadmisible que, existiendo familias incapaces de asumir gastos básicos, se pretenda hacer que sean éstas las que sufraguen mediante el pago por el uso de un bien básico como es el agua las irresponsables deudas del Ayuntamiento. El consumo familiar debería ser un bien gratuito, costeado mediante tasas por los que mayor consumo de agua realizan (césped, piscinas, usos industriales,…), sin que en ningún caso lo recaudado supere el coste real del mantenimiento y mejora del servicio y sus infraestructuras.
En cualquier caso una medida de este calibre no recogida en el programa electoral debería ir precedida de una consulta a la ciudadanía mediante referéndum.
Debemos unirnos e impedir este cambio en la gestión del agua que no nos representa y que nos perjudica tanto a nosotros como a las generaciones venideras.
Es por eso que decimos a los conquenses: ¡LUCHA POR TU AGUA! ¡LUCHA POR TUS DERECHOS!
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