El Gobierno ha aprobado, deprisa y sin consenso, el proyecto de ley llamado de “Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local”, que en la práctica convierte a la población rural en ciudadanos y ciudadanas de segunda. El proyecto además no ha contado con la participación de la sociedad civil ni de las plataformas de pueblos y entidades menores, se ha hecho a escondidas aprovechando el período vacacional. El supuesto objetivo de la ley es buscar la racionalidad y el ahorro económico, sin embargo lo que esconde una vuelta de tuerca más en el avance de las políticas neoliberales y el exterminio de todo lo público. Un 20% de la población del estado español reside en zonas rurales, a todas estas personas la les ley arrebata de un plumazo la capacidad de decidir sobre aspectos importantes de su vida. Esta ley desmantela 3200 entidades menores y 1024 Mancomunidades, buscando descaradamente la privatización de los servicios públicos que éstas gestionan. Los servicios públicos rurales se derivarán a las Diputaciones Provinciales, eso significa que se concentrarán los servicios públicos y se dará su gestión a una empresa privada, así de fácil.
Pero no sólo se trata de servicios públicos, hay otro bocado apetecible, se trata ni más ni menos que la privatización de los bienes comunales, montes, etc… que en su mayor parte son gestionados por estos pequeños pueblos desde hace siglos, despojándoles de sus legítimos derechos que habían conseguido mantener hasta la fecha. Con esta reforma estos recursos naturales pasarán manos de una diputación y acto seguido a grandes empresas del agro-negocio, el turismo, empresas extraccionistas que se lucrarán con el patrimonio de todos.
Sería bueno que el Gobierno recordara los efectos desastrosos de la última privatización de montes en España que tuvo lugar en el siglo XIX, cuando miles y miles de hectáreas de bosque fueron arrasadas y deforestadas, y solo en 1859 el recién creado Cuerpo de Ingenieros de Montes logró salvar de la desamortización seis millones de hectáreas. Esa gran desamortización causó erosión, desertificación e inundaciones, acabando con lo que hoy llamamos biodiversidad, cultura, sumideros de carbono y con un enorme patrimonio ambiental de todos cuyo valor no tiene precio, aunque algunos ministros se afanen en ponérselo
Javier Guzmán
Director de Veterinarios Sin Fronteras-Justicia Alimentaria Global
Fuente de imagen y texto: Justicia Alimentaria Global
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