Parece ser
que el debate estos días, el debate que están dispuestos a difundir
nuestros medios de comunicación y representantes políticos, no es otro
que la cuestión de los límites legítimos de una protesta ciudadana. Como
sabemos, el tema no es nuevo, pero ahora se plantea de manera unánime y
generalizada con motivo de los escraches realizados por la PAH a
ciertos políticos del PP. Tertulias, telediarios, comparecencias
públicas de los políticos, periódicos, etc, parecen haberse puesto de
acuerdo en tratar este tema. Es así que parece una “evidencia” que éste,
y no otro, es un tema candente, de actualidad, de preocupación
generalizada y que merece ser analizado. Las posiciones distintas en
estos debates oscilan, desde la izquierda a la derecha, de las más o
menos “comprensivas” hacia los que “escrachean”, hasta denuncias de lo
más extravagante que pretenden hacer analogías entre las protestas de la
PAH y grupos filo-terroristas o nazis. Sin embargo, dentro de este
espectro más o menos variado de opiniones, la condena de los métodos
presuntamente violentos de la PAH, ya sea con mayor o menor comprensión,
recibe un mismo veredicto: sus métodos de escracheo son violencia
ilegítima, una equivocación que les hará perder credibilidad.
Por otro lado, encontramos en foros de discusión autónomos en Internet como blogs, periódicos independientes, etc., así como en las distintas comparecencias de los miembros de la PAH que tienen lugar en los medios de comunicación, un planteamiento de la cuestión bien distinto al que nos ofrecen masivamente los medios de comunicación. De este lado, la pregunta es quizás inversa a la planteada antes. La cuestión no es tanto la de cuáles son los límites de la protesta ciudadana, sino más bien, cuáles son los límites del poder de los gobernantes. ¿Tienen nuestros gobernantes derecho a todo, tienen carta blanca para hacer lo que les apetezca durante los años que dura su mandato, cuáles son las líneas rojas que no deberían poder traspasar? Entienden, los que defienden las acciones de la PAH, que es el gobierno quien con sus actuaciones ha traspasado las verdaderas líneas rojas que ningún poder debe traspasar, a saber, el atentar contra la seguridad de los propios gobernados. Desde este punto de vista es el gobierno el verdadero amigo del terror, que ha pervertido su fundamento al ponerse en contra, y no al servicio, de la población que dice representar.
Por otro lado, encontramos en foros de discusión autónomos en Internet como blogs, periódicos independientes, etc., así como en las distintas comparecencias de los miembros de la PAH que tienen lugar en los medios de comunicación, un planteamiento de la cuestión bien distinto al que nos ofrecen masivamente los medios de comunicación. De este lado, la pregunta es quizás inversa a la planteada antes. La cuestión no es tanto la de cuáles son los límites de la protesta ciudadana, sino más bien, cuáles son los límites del poder de los gobernantes. ¿Tienen nuestros gobernantes derecho a todo, tienen carta blanca para hacer lo que les apetezca durante los años que dura su mandato, cuáles son las líneas rojas que no deberían poder traspasar? Entienden, los que defienden las acciones de la PAH, que es el gobierno quien con sus actuaciones ha traspasado las verdaderas líneas rojas que ningún poder debe traspasar, a saber, el atentar contra la seguridad de los propios gobernados. Desde este punto de vista es el gobierno el verdadero amigo del terror, que ha pervertido su fundamento al ponerse en contra, y no al servicio, de la población que dice representar.
Esta contraposición de planteamientos no es arbitraria pues obedece a lógicas de poder bien distintas. La primera parte de una concepción jurídica absolutista. Según esta concepción el poder se haya temporalmente en manos de uno o varios soberanos, que tienen el derecho de ejercerlo, mientas los súbditos únicamente tienen el correlativo deber de obedecerles. La segunda concepción, sin embargo, entiende que la desobediencia tiene cabida frente al soberano, desobediencia que es el correlato necesario de un obrar irracional por parte del soberano que hace que los fundamentos del pacto que establecían la obediencia de los súbditos queden suspendidos. Estos fundamentos no son otros que el garantizar la paz, la seguridad y la libertad a las que tienen derecho los súbditos, y en virtud de las cuales quedan constituidos los poderes legales. Desde este segundo punto de vista, la desobediencia no es mala, sino que es incluso buena, pues se opone y corrige los desmanes de unos gobernantes cuya excesiva autonomía y separación con respecto a los gobernados puede hacerlos desembocar en una tiranía meramente represiva y jurídico-policial. La resistencia al poder por parte de las multitudes sería por tanto una garantía de racionalidad del mismo, pensamiento éste que se inscribe en una tradición republicana y democrática, como eran la de Maquiavelo o Spinoza, el cual decía:
“De un estado cuyos súbditos tienen tanto miedo que no pueden levantarse en armas, no se debería decir que la paz reina en él, sino solamente que no hay guerra. La paz, en realidad, no es ausencia de hostilidades, sino una virtud de la cual nace la fortaleza del ánimo. (...) A veces también sucede que la paz de un Estado depende solamente de la apatía de los súbditos, conducidos como si fueran ganado o ineptos para nada que no sea la esclavitud. Un país de este tipo tendría que llamarse desierto en lugar de Estado”
B. Spinoza, Tratado Político.
Así pues a la luz de las dos posiciones comentadas, podemos comprender cuales son las dos lógicas subyacentes a los discursos citados al comienzo de este artículo. Por un lado, la lógica del poder constituido, autónomo y cerrado sobre sí mismo, que niega cualquier tipo de legitimidad a las protestas y acciones de sus subordinados. Por otro lado, la lógica del poder constituyente, una lógica siempre actualizada, siempre presente, que existe como límite natural que regula la excesiva autonomía y por tanto virtual irracionalidad de los poderes constituidos. El segundo planteamiento tiene un fundamento más físico que jurídico. Los súbditos no tienen derecho o deber de sublevarse cuando sus gobernantes actúan en su contra, simplemente, esto sucederá de manera necesaria cuando quede sobrepasado cierto límite tolerable. El segundo planteamiento señala además la necesidad para todo gobierno de entenderse a sí mismo más allá de un planteamiento meramente jurídico que marca derechos y deberes, la necesidad de entenderse a sí mismo como negociación constante, conflicto de intereses, correlación de fuerza o lucha de clases. Un poder que no se entiende a sí mismo de esta manera (al margen, claro está, de lo que proclame oficialmente de sí mismo) es un poder condenado a desaparecer. Sencillamente desconocer esto, supondría desconocer los fundamentos de su posibilidad, por decirlo así, “física”. Las justificaciones morales, teológicas, jurídicas, en fin, idealistas, pueden estar muy bien de cara a la divulgación con respecto a las clases subalternas que únicamente son contempladas como agentes pasivos expulsados de la vida histórica. Como apunta Spinoza al comienzo del Tratado Político, estos no son más que cuentos que nada tienen que ver con la verdadera teoría político-práctica que manejan los reales agentes de la historia, cuyos fines y procedimientos suelen ser, por lo general, poco confesables.
“De un estado cuyos súbditos tienen tanto miedo que no pueden levantarse en armas, no se debería decir que la paz reina en él, sino solamente que no hay guerra. La paz, en realidad, no es ausencia de hostilidades, sino una virtud de la cual nace la fortaleza del ánimo. (...) A veces también sucede que la paz de un Estado depende solamente de la apatía de los súbditos, conducidos como si fueran ganado o ineptos para nada que no sea la esclavitud. Un país de este tipo tendría que llamarse desierto en lugar de Estado”
B. Spinoza, Tratado Político.
Así pues a la luz de las dos posiciones comentadas, podemos comprender cuales son las dos lógicas subyacentes a los discursos citados al comienzo de este artículo. Por un lado, la lógica del poder constituido, autónomo y cerrado sobre sí mismo, que niega cualquier tipo de legitimidad a las protestas y acciones de sus subordinados. Por otro lado, la lógica del poder constituyente, una lógica siempre actualizada, siempre presente, que existe como límite natural que regula la excesiva autonomía y por tanto virtual irracionalidad de los poderes constituidos. El segundo planteamiento tiene un fundamento más físico que jurídico. Los súbditos no tienen derecho o deber de sublevarse cuando sus gobernantes actúan en su contra, simplemente, esto sucederá de manera necesaria cuando quede sobrepasado cierto límite tolerable. El segundo planteamiento señala además la necesidad para todo gobierno de entenderse a sí mismo más allá de un planteamiento meramente jurídico que marca derechos y deberes, la necesidad de entenderse a sí mismo como negociación constante, conflicto de intereses, correlación de fuerza o lucha de clases. Un poder que no se entiende a sí mismo de esta manera (al margen, claro está, de lo que proclame oficialmente de sí mismo) es un poder condenado a desaparecer. Sencillamente desconocer esto, supondría desconocer los fundamentos de su posibilidad, por decirlo así, “física”. Las justificaciones morales, teológicas, jurídicas, en fin, idealistas, pueden estar muy bien de cara a la divulgación con respecto a las clases subalternas que únicamente son contempladas como agentes pasivos expulsados de la vida histórica. Como apunta Spinoza al comienzo del Tratado Político, estos no son más que cuentos que nada tienen que ver con la verdadera teoría político-práctica que manejan los reales agentes de la historia, cuyos fines y procedimientos suelen ser, por lo general, poco confesables.
Y si suelen ser poco confesables es porque no están al servicio de los principios que, en teoría, les dieron origen y legitimidad. En efecto, la seguridad, la paz, la libertad, son supuestamente los fundamentos que dan poder a nuestros representantes, pero vemos claramente cómo los intereses económicos privados siempre quedan por encima de estos principios cada vez que se produce un desahucio, se recortan los servicios básicos, y se rescatan a los banqueros o se les indulta. Es por esto que cada vez más ciudadanos organizados revitalizan el verdadero fundamento de la democracia que es el poder constituyente de la multitud mediante manifestaciones, protestas, huelgas y desobediencias, que ponen de manifiesto la brecha existente entre los poderes constituidos y el pueblo que dicen representar. Un gobierno que no es capaz de interactuar con sus poblaciones, que se cierra en banda policial y jurídicamente, es un gobierno que pierde su legitimidad y su carácter democrático y que cada vez se revela más como una banda de saqueadores privados en contra de los intereses de la mayoría. En este momento, el pacto real o “virtual”, que supuestamente fundaba los cimientos de la sociedad, queda en entredicho, y se puede decir que el régimen entra en crisis. La crisis con respecto a los poderes constituidos que vivimos es, además, sistémica, pues no se limita a una fracción concreta de alguno de los poderes constituidos (el judicial, el policial, el mediático, o el económico), sino a todos ellos en su totalidad, que cada vez se presentan más como lo que son; no una pluralidad de opciones que representan los variados intereses de la sociedad civil (PP, PSOE, UPyD, La Sexta, Cuatro, Intereconomía, y las cúpulas burocratizadas y corruptas de ciertos sectores de IU y los sindicatos mayoritarios), sino una misma y monolítica fuerza separada al servicio exclusivo de la economía. Pues ya sean unos u otros, llamados de “izquierda” o “derecha”, todos ellos cierran filas siempre a la hora de condenar los movimientos destituyentes de la multitud en armas (aunque estás sean inocentes pegatinas, inocentes ocupaciones temporales y simbólicas de espacios públicos y privados, inocentes y pacíficas manifestaciones no autorizadas…). Tanto el Gran Wyoming como los esbirros de Intereconomía parecen cerrar filas aquí, como si cumpliesen con una férrea disciplina de partido. Lo mismo ocurre a la hora de ocultar y desvirtuar procesos emancipadores como aquellos que tienen lugar en Latinoamérica en países como Cuba, Bolivia, Ecuador o Venezuela. No es de extrañar, son guardianes del orden constituido, un orden que se dice al servicio del pueblo pero que en realidad tiene unos estrictos límites que conforman su verdadera unidad por contraposición a su falsa pluralidad aparente de “izquierdas y derechas”; la defensa de la economía y sus intereses por encima de los de la población cada vez más pobre y cada vez más expropiada. Fuera del orden económico, todo lo que tenga que ver con la construcción de la democracia por y para las multitudes, queda prohibido y fuera del pacto, como una aberración cuasi-terrorista con respecto a la cual no es legítimo otro trato que no sea la pura represión. El problema para nuestros gobernantes es que cada vez más gente está en contradicción con un pacto con multinacionales y bancos que los gobernados no han suscrito. Y un gobierno no puede sostenerse por mucho tiempo bajo el supuesto de que sus gobernados son todos terroristas.
